Pedido de Jury por negar un derecho.
SOCIEDAD › CONTRA EL JUEZ QUE QUISO IMPEDIR EL ABORTO A UNA ADOLESCENTE DISCAPACITADA QUE FUE VIOLADA
La presentación la hizo la madrina de la joven, con el apoyo de organizaciones de mujeres, en la Legislatura bonaerense. Se trataba de un caso de aborto no punible, donde el juez habría actuado por “convicciones religiosas”. Su fallo fue revocado.
El juez de Familia de Bahía Blanca Jorge Eduardo Longás enfrenta una denuncia por mal desempeño de sus funciones al haber intentado obstruir, por fuera de sus atribuciones, el acceso a un aborto no punible a una adolescente con discapacidad mental que fue abusada sexualmente, un caso que tuvo trascendencia nacional un mes atrás. La madrina de comunión de la chica, con el respaldo de numerosas organizaciones de mujeres de la provincia de Buenos Aires, hizo la presentación ante la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense, que debe resolver si lo acepta y en ese caso elevaría el pedido de jury a la Secretaría Permanente del Senado, que se encargaría del proceso.
“El caso que nos ocupa no es un hecho aislado. El accionar del juez Longás muestra un patrón de conducta que se ha repetido en muchos casos en nuestro país. Accionar intencionado y orientado ex profeso para no cumplir con la legislación vigente”, advierte la abogada María Fernanda Petersen, en su presentación, a la que tuvo acceso PáginaI12. El objetivo de la presentación es lograr “un fallo ejemplificador”.
El martes 30 de septiembre Longás ordenó suspender por 48 horas la interrupción del embarazo a la adolescente de 18 años. La práctica médica se había acordado en el Hospital Penna, de Bahía Blanca, a partir de la aplicación del Protocolo de Atención del Aborto No Punible, vigente en la provincia. Los médicos nunca pidieron autorización judicial. A G. N. S. –las siglas con las que se identificó a la adolescente– ya le habían suministrado medicación para avanzar con el procedimiento, cuando llegó la notificación judicial. El magistrado alegó para intervenir en el caso que un matrimonio, formado por dos personas de nombre Guillermo Carletti y María Verónica Fernández, se ofrecía “para adoptar al niño por nacer”. Para disponer la medida de suspensión apeló en su dictamen a la ley de violencia familiar bonaerense: argumentó que se estaría cometiendo un acto de violencia contra “el niño por nacer”, según detalla el pedido de jury.
Finalmente, su orden fue revocada al día siguiente por los otros dos integrantes del Tribunal Colegiado de Instancia Unica del Fuero de Familia de Bahía Blanca. Y la interrupción del embarazo a la adolescente se concretó sin complicaciones. La madrina de la niña, cuya hermana tiene ahora la guarda, pretende que el jury contra Longás se convierta en un caso testigo. Con el respaldo de más de una decena de organizaciones de mujeres, Petersen reclamó su destitución: la denuncia sobre mal de-sempeño contra el magistrado está puntillosamente documentada. Se busca que haya un “fallo ejemplificador para el conjunto de funcionarios públicos”, que “no son capaces de respetar la función que ocupan” y a quienes “sus convicciones religiosas no les permiten aplicar la legislación vigente”, es decir, en este caso, respetar el derecho a interrumpir un embarazo en los casos considerados no punibles por el artículo 86, incisos 1º y 2º del Código Penal.
La denuncia contra Longás se presentó la semana pasada ante la Comisión Bicameral de Juicio Político de la Legislatura bonaerense, que preside el diputado kirchnerista Alfredo Mario Antonuccio. Ese cuerpo, que se reunirá la semana próxima, debe determinar si la presentación “tiene mérito suficiente” para ser aceptada, según explicó a este diario el abogado Néstor Esteves, prosecretario de la comisión, que empezó a funcionar hace dos meses. En caso de prosperar, el pedido de jury pasaría a la Secretaría Permanente del Senado, que tiene a su cargo la investigación del caso. “Denunciamos que han sido graves las irregularidades cometidas a partir de su intervención en el caso G. N. S., la que fuera realizada con parcialidad manifiesta, con la premeditada intención de obstaculizar el ejercicio de un derecho, en virtud de convicciones personales justificadas con argumentos jurídicos, como la utilización de la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires”, dice una carta enviada al diputado Antonuccio por las ONG que respaldan el pedido de jury, entre ellas, Autoconvocatoria Mujeres de Bahía Blanca, Fundación Propuesta, Mujeres al Oeste, Casa de la Mujer Azucena Villaflor, Centro de la Mujer-Cedem y la Red de Monitoreo de Políticas Públicas para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres.
No es la primera vez que desde la Justicia o en el ámbito de la salud se pretende trabar la práctica de un aborto no punible: en los casos que tuvieron trascendencia nacional en los últimos dos años, ocurridos en Mendoza, Entre Ríos y también en la provincia de Buenos Aires, se buscó obstaculizar el acceso a esa práctica médica con distintas maniobras urdidas desde entidades católicas con la anuencia de funcionarios judiciales. Por uno de esos casos, el de la jovencita L. M. R., que padecía discapacidad mental y enfrentó un embarazo producto de un abuso sexual, el Estado argentino enfrenta una denuncia ante el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU: en ese marco, el gobierno argentino reconoció que se violaron los derechos de la niña al impedírsele en distintas instancias de la Justicia el acceso a un aborto no punible.
El juez de Familia de Bahía Blanca Jorge Eduardo Longás enfrenta una denuncia por mal desempeño de sus funciones al haber intentado obstruir, por fuera de sus atribuciones, el acceso a un aborto no punible a una adolescente con discapacidad mental que fue abusada sexualmente, un caso que tuvo trascendencia nacional un mes atrás. La madrina de comunión de la chica, con el respaldo de numerosas organizaciones de mujeres de la provincia de Buenos Aires, hizo la presentación ante la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense, que debe resolver si lo acepta y en ese caso elevaría el pedido de jury a la Secretaría Permanente del Senado, que se encargaría del proceso.
“El caso que nos ocupa no es un hecho aislado. El accionar del juez Longás muestra un patrón de conducta que se ha repetido en muchos casos en nuestro país. Accionar intencionado y orientado ex profeso para no cumplir con la legislación vigente”, advierte la abogada María Fernanda Petersen, en su presentación, a la que tuvo acceso PáginaI12. El objetivo de la presentación es lograr “un fallo ejemplificador”.
El martes 30 de septiembre Longás ordenó suspender por 48 horas la interrupción del embarazo a la adolescente de 18 años. La práctica médica se había acordado en el Hospital Penna, de Bahía Blanca, a partir de la aplicación del Protocolo de Atención del Aborto No Punible, vigente en la provincia. Los médicos nunca pidieron autorización judicial. A G. N. S. –las siglas con las que se identificó a la adolescente– ya le habían suministrado medicación para avanzar con el procedimiento, cuando llegó la notificación judicial. El magistrado alegó para intervenir en el caso que un matrimonio, formado por dos personas de nombre Guillermo Carletti y María Verónica Fernández, se ofrecía “para adoptar al niño por nacer”. Para disponer la medida de suspensión apeló en su dictamen a la ley de violencia familiar bonaerense: argumentó que se estaría cometiendo un acto de violencia contra “el niño por nacer”, según detalla el pedido de jury.
Finalmente, su orden fue revocada al día siguiente por los otros dos integrantes del Tribunal Colegiado de Instancia Unica del Fuero de Familia de Bahía Blanca. Y la interrupción del embarazo a la adolescente se concretó sin complicaciones. La madrina de la niña, cuya hermana tiene ahora la guarda, pretende que el jury contra Longás se convierta en un caso testigo. Con el respaldo de más de una decena de organizaciones de mujeres, Petersen reclamó su destitución: la denuncia sobre mal de-sempeño contra el magistrado está puntillosamente documentada. Se busca que haya un “fallo ejemplificador para el conjunto de funcionarios públicos”, que “no son capaces de respetar la función que ocupan” y a quienes “sus convicciones religiosas no les permiten aplicar la legislación vigente”, es decir, en este caso, respetar el derecho a interrumpir un embarazo en los casos considerados no punibles por el artículo 86, incisos 1º y 2º del Código Penal.
La denuncia contra Longás se presentó la semana pasada ante la Comisión Bicameral de Juicio Político de la Legislatura bonaerense, que preside el diputado kirchnerista Alfredo Mario Antonuccio. Ese cuerpo, que se reunirá la semana próxima, debe determinar si la presentación “tiene mérito suficiente” para ser aceptada, según explicó a este diario el abogado Néstor Esteves, prosecretario de la comisión, que empezó a funcionar hace dos meses. En caso de prosperar, el pedido de jury pasaría a la Secretaría Permanente del Senado, que tiene a su cargo la investigación del caso. “Denunciamos que han sido graves las irregularidades cometidas a partir de su intervención en el caso G. N. S., la que fuera realizada con parcialidad manifiesta, con la premeditada intención de obstaculizar el ejercicio de un derecho, en virtud de convicciones personales justificadas con argumentos jurídicos, como la utilización de la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires”, dice una carta enviada al diputado Antonuccio por las ONG que respaldan el pedido de jury, entre ellas, Autoconvocatoria Mujeres de Bahía Blanca, Fundación Propuesta, Mujeres al Oeste, Casa de la Mujer Azucena Villaflor, Centro de la Mujer-Cedem y la Red de Monitoreo de Políticas Públicas para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres.
No es la primera vez que desde la Justicia o en el ámbito de la salud se pretende trabar la práctica de un aborto no punible: en los casos que tuvieron trascendencia nacional en los últimos dos años, ocurridos en Mendoza, Entre Ríos y también en la provincia de Buenos Aires, se buscó obstaculizar el acceso a esa práctica médica con distintas maniobras urdidas desde entidades católicas con la anuencia de funcionarios judiciales. Por uno de esos casos, el de la jovencita L. M. R., que padecía discapacidad mental y enfrentó un embarazo producto de un abuso sexual, el Estado argentino enfrenta una denuncia ante el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU: en ese marco, el gobierno argentino reconoció que se violaron los derechos de la niña al impedírsele en distintas instancias de la Justicia el acceso a un aborto no punible.
