Publicado por la Oficina para el Monitoreo y Lucha contra el Tráfico de Personas
12 de Junio de 2007
(Traducción no oficial)
ARGENTINA (Categoría 2- Lista de Observación)
Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines comerciales de explotación sexual y trabajo forzado. La mayor parte de la trata de personas se realiza dentro del país, desde las zonas rurales a las urbanas, con fines de prostitución. Asimismo, las mujeres y niñas argentinas son trasladadas a países limítrofes y a Europa Occidental con fines de explotación sexual. Las mujeres y niños extranjeros, principalmente provenientes de Paraguay y Brasil, son trasladados hacia Argentina y Europa Occidental con propósitos comerciales de explotación sexual. Los ciudadanos bolivianos y peruanos son ingresados al país para realizar trabajos forzados en talleres clandestinos y en agricultura. Los casos informados de trata de personas han aumentado en Argentina; lo cual puede deberse a la mayor conciencia pública sobre esta cuestión como así también a la mayor cantidad de gente que migra hacia el país, alguna de la cual es vulnerable al tráfico.
El gobierno argentino no cumple totalmente con los requisitos mínimos para eliminar la trata de personas; no obstante, lleva a cabo esfuerzos significativos en este sentido. Argentina permanece en la Categoría 2 de la Lista de Observación por segundo año consecutivo debido a que no ha demostrado haber aumentado los esfuerzos para combatir la trata de personas; particularmente en términos de proveer mayor asistencia a las víctimas y reducir la complicidad oficial en este tema. Si bien se ha observado voluntad durante los últimos dos años para aprobar reformas abarcativas contra la trata de personas, los proyectos legislativos aún están pendientes de aprobación en el Congreso argentino. El sobrecargado sistema judicial penal argentino también retrasa los esfuerzos gubernamentales para procesar a los traficantes de personas. El próximo año, el gobierno argentino debería: aprobar e implementar el tan necesitado proyecto de ley general contra la trata de personas; intensificar y acelerar los esfuerzos para procesar a los traficantes; aumentar la capacitación de jueces y policías en temas relacionados con la trata de personas; incrementar la asistencia a las víctimas e intensificar los esfuerzos de investigación, procesamiento y condena de los funcionarios públicos que facilitan la trata de personas.
Procesamiento
El gobierno produjo avances modestos pero desparejos en sus esfuerzos de aplicación de leyes contra traficantes durante el período informado. Argentina no prohíbe todas las formas de trata de personas, si bien los delitos relacionados son penalizados por una cantidad de leyes penales y de inmigración que prevén penas de hasta 20 años de cárcel. Dichas penas son lo suficientemente estrictas y comparables con penas para otros delitos graves. La aprobación de legislación nacional abarcativa contra la trata de personas le permitiría al gobierno actuar más activamente contra los traficantes de personas. Independientemente de la media sanción otorgada por el Senado, existen varios proyectos de ley que aún están pendientes de tratamiento por ambas cámaras del Congreso argentino, y se acercan a la aprobación final. Como medida transitoria mientras la legislación es aprobada, la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI), dependiente del Ministerio Público, redactó a principios de 2006 un decreto-ley para crear un programa nacional de prevención contra la trata de personas y asistencia a la víctima, pero el gobierno prefirió no firmar el decreto provisorio en ese momento e impulsar, en su lugar, la promulgación de una ley nacional a través del Congreso.
Los funcionarios gubernamentales no pudieron proporcionar datos o información completa sobre los procesamientos contra traficantes en el año 2006; la falta de una ley nacional contra la trata de personas impide la recolección de datos y estadísticas a nivel nacional y hace difícil evaluar los esfuerzos argentinos en contra de la trata de personas. Datos estadísticos indican que las detenciones relacionadas con la trata de personas disminuyeron a 15 casos durante el período informado, de 33 registrados en 2005. No obstante, el gobierno mostró avances al sentenciar a dos personas acusadas de traficantes en casos separados por delitos que involucraban a menores: un acusado en la provincia de Córdoba, ex oficial de la policía, fue sentenciado a 14 años de cárcel; y el segundo acusado fue sentenciado a cuatro años. Existen otras investigaciones y casos relacionados con la trata de personas sin resolver; inclusive diversas acciones penales contra propietarios de burdeles. En un caso, 37 mujeres obligadas a prostituirse en un burdel de la provincial de Chubut fueron rescatadas. Se presentaron cargos formales contra los propietarios involucrados, quienes sobornaron a funcionarios municipales. Los fiscales también están investigando la participación de la policía en el caso. No obstante, en un notorio caso de trata para trabajo esclavo que involucró a ciudadanos bolivianos que trabajaban en talleres clandestinos en Buenos Aires, se desestimaron las acusaciones en contra de dos sospechosos de trata en base a cuestiones técnicas. Informes fidedignos indican que los funcionarios locales de aplicación de la ley intimidaron a algunos de los testigos o los sobornaron para cambiar su declaración. Ha habido informes sobre corrupción generalizada y connivencia con los traficantes a nivel provincial y local, lo cual se considero un serio impedimento para el avance judicial de las causas. El gobierno aumentó la capacitación contra la trata de personas para jueces y autoridades de aplicación;
inclusive en la crítica zona de la triple frontera con Brasil y Paraguay. Se requiere urgentemente capacitación adicional para jueces y policías.
Protección
A pesar de los recursos limitados, el gobierno ha realizado algunos esfuerzos para asistir a las víctimas durante el período informado. El gobierno no identificó sistemáticamente ni en forma pro activa víctimas entre las poblaciones vulnerables; como por ejemplo, personas detenidas por prostitución o por violaciones a la ley de inmigración. La OFAVI coordinó la política de asistencia a la víctima y ofreció a un número limitado de ellas acceso a tratamiento médico y psicológico, asesoramiento legal, atención por otras fuentes de asistencia y repatriación. El gobierno no administra refugios para las víctimas de la trata de personas; pero las oficinas de asistencia a la víctima trabajaron con organismos de servicios sociales para asegurar que las víctimas de este delito recibieran alojamiento y atención adecuada. El gobierno comenzó a proveer fondos a ONGs en el año 2006. Existen informes no confirmados de víctimas que han ido a la cárcel por delitos como la prostitución como consecuencia directa de haber sido objeto de la trata. Las autoridades argentinas alientan a las víctimas a colaborar en la investigación y acusación de los traficantes. Es poco frecuente que las víctimas sean deportadas y la ley de inmigración argentina estipula que los ciudadanos de Estados miembros del MERCOSUR o estados asociados pueden obtener residencia temporaria en Argentina.
Prevención
El gobierno ha realizado avances modestos en actividades de prevención durante el período informado. El gobierno ha brindado un fuerte apoyo político a las campañas de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) contra la trata de personas, que muestran a una popular cantante uruguaya en video y spots televisivos. El gobierno también ha tomado la delantera dentro del MERCOSUR para realizar una campaña de prevención regional contra la trata de personas. En octubre de 2006, el gobierno realizó una campaña nacional contra el trabajo infantil. Gracias a una mayor cobertura por parte de la prensa y a los esfuerzos gubernamentales y de ONGs, la conciencia pública con respecto a los peligros de la trata de personas en Argentina parece estar creciendo.
El gobierno argentino no cumple totalmente con los requisitos mínimos para eliminar la trata de personas; no obstante, lleva a cabo esfuerzos significativos en este sentido. Argentina permanece en la Categoría 2 de la Lista de Observación por segundo año consecutivo debido a que no ha demostrado haber aumentado los esfuerzos para combatir la trata de personas; particularmente en términos de proveer mayor asistencia a las víctimas y reducir la complicidad oficial en este tema. Si bien se ha observado voluntad durante los últimos dos años para aprobar reformas abarcativas contra la trata de personas, los proyectos legislativos aún están pendientes de aprobación en el Congreso argentino. El sobrecargado sistema judicial penal argentino también retrasa los esfuerzos gubernamentales para procesar a los traficantes de personas. El próximo año, el gobierno argentino debería: aprobar e implementar el tan necesitado proyecto de ley general contra la trata de personas; intensificar y acelerar los esfuerzos para procesar a los traficantes; aumentar la capacitación de jueces y policías en temas relacionados con la trata de personas; incrementar la asistencia a las víctimas e intensificar los esfuerzos de investigación, procesamiento y condena de los funcionarios públicos que facilitan la trata de personas.
Procesamiento
El gobierno produjo avances modestos pero desparejos en sus esfuerzos de aplicación de leyes contra traficantes durante el período informado. Argentina no prohíbe todas las formas de trata de personas, si bien los delitos relacionados son penalizados por una cantidad de leyes penales y de inmigración que prevén penas de hasta 20 años de cárcel. Dichas penas son lo suficientemente estrictas y comparables con penas para otros delitos graves. La aprobación de legislación nacional abarcativa contra la trata de personas le permitiría al gobierno actuar más activamente contra los traficantes de personas. Independientemente de la media sanción otorgada por el Senado, existen varios proyectos de ley que aún están pendientes de tratamiento por ambas cámaras del Congreso argentino, y se acercan a la aprobación final. Como medida transitoria mientras la legislación es aprobada, la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI), dependiente del Ministerio Público, redactó a principios de 2006 un decreto-ley para crear un programa nacional de prevención contra la trata de personas y asistencia a la víctima, pero el gobierno prefirió no firmar el decreto provisorio en ese momento e impulsar, en su lugar, la promulgación de una ley nacional a través del Congreso.
Los funcionarios gubernamentales no pudieron proporcionar datos o información completa sobre los procesamientos contra traficantes en el año 2006; la falta de una ley nacional contra la trata de personas impide la recolección de datos y estadísticas a nivel nacional y hace difícil evaluar los esfuerzos argentinos en contra de la trata de personas. Datos estadísticos indican que las detenciones relacionadas con la trata de personas disminuyeron a 15 casos durante el período informado, de 33 registrados en 2005. No obstante, el gobierno mostró avances al sentenciar a dos personas acusadas de traficantes en casos separados por delitos que involucraban a menores: un acusado en la provincia de Córdoba, ex oficial de la policía, fue sentenciado a 14 años de cárcel; y el segundo acusado fue sentenciado a cuatro años. Existen otras investigaciones y casos relacionados con la trata de personas sin resolver; inclusive diversas acciones penales contra propietarios de burdeles. En un caso, 37 mujeres obligadas a prostituirse en un burdel de la provincial de Chubut fueron rescatadas. Se presentaron cargos formales contra los propietarios involucrados, quienes sobornaron a funcionarios municipales. Los fiscales también están investigando la participación de la policía en el caso. No obstante, en un notorio caso de trata para trabajo esclavo que involucró a ciudadanos bolivianos que trabajaban en talleres clandestinos en Buenos Aires, se desestimaron las acusaciones en contra de dos sospechosos de trata en base a cuestiones técnicas. Informes fidedignos indican que los funcionarios locales de aplicación de la ley intimidaron a algunos de los testigos o los sobornaron para cambiar su declaración. Ha habido informes sobre corrupción generalizada y connivencia con los traficantes a nivel provincial y local, lo cual se considero un serio impedimento para el avance judicial de las causas. El gobierno aumentó la capacitación contra la trata de personas para jueces y autoridades de aplicación;
inclusive en la crítica zona de la triple frontera con Brasil y Paraguay. Se requiere urgentemente capacitación adicional para jueces y policías.
Protección
A pesar de los recursos limitados, el gobierno ha realizado algunos esfuerzos para asistir a las víctimas durante el período informado. El gobierno no identificó sistemáticamente ni en forma pro activa víctimas entre las poblaciones vulnerables; como por ejemplo, personas detenidas por prostitución o por violaciones a la ley de inmigración. La OFAVI coordinó la política de asistencia a la víctima y ofreció a un número limitado de ellas acceso a tratamiento médico y psicológico, asesoramiento legal, atención por otras fuentes de asistencia y repatriación. El gobierno no administra refugios para las víctimas de la trata de personas; pero las oficinas de asistencia a la víctima trabajaron con organismos de servicios sociales para asegurar que las víctimas de este delito recibieran alojamiento y atención adecuada. El gobierno comenzó a proveer fondos a ONGs en el año 2006. Existen informes no confirmados de víctimas que han ido a la cárcel por delitos como la prostitución como consecuencia directa de haber sido objeto de la trata. Las autoridades argentinas alientan a las víctimas a colaborar en la investigación y acusación de los traficantes. Es poco frecuente que las víctimas sean deportadas y la ley de inmigración argentina estipula que los ciudadanos de Estados miembros del MERCOSUR o estados asociados pueden obtener residencia temporaria en Argentina.
Prevención
El gobierno ha realizado avances modestos en actividades de prevención durante el período informado. El gobierno ha brindado un fuerte apoyo político a las campañas de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) contra la trata de personas, que muestran a una popular cantante uruguaya en video y spots televisivos. El gobierno también ha tomado la delantera dentro del MERCOSUR para realizar una campaña de prevención regional contra la trata de personas. En octubre de 2006, el gobierno realizó una campaña nacional contra el trabajo infantil. Gracias a una mayor cobertura por parte de la prensa y a los esfuerzos gubernamentales y de ONGs, la conciencia pública con respecto a los peligros de la trata de personas en Argentina parece estar creciendo.
Una pequeña ayuda de Metodos de Prevencion!
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